27-09-2007 Iñaki Sanchez
En estos últimos años, las administraciones públicas de distintos países se han planteado o están en proceso de implantación de distintos paquetes de software libre para realizar sus funciones.
Entre las ventajas clásicas que se enumeran como la accesibilidad de todas las personas a los servicios (muchos programas de software libre son gratuitos, con lo que cualquier persona puede tenerlos sin pagar) o una reducción de costes (frente a una solución propietaria, ya que para modificar cualquier parte no dependes de la empresa que creó el software, y puedes contratar o formar profesionales sobre la plataforma utilizada de manera independiente), un aspecto que no se ha comentado tanto es el jurídico.
El artículo que me hizo reflexionar sobre el tema fue escrito por Curtis Poe, y trata sobre un juicio en el que un ciudadano exigió ver el código fuente de los alcoholímetros aduciendo que él no superaba el índice de alcohol en aire permitido por ley, y que el aparato estaba defecuoso.
En dicho caso, la medición del alcohol se hacía a través de software propietario, y tras una larga batalla, se consiguió que la empresa liberase el código. Al hacerlo, se descubrieron fallos en el diseño, con lo que el ciudadano fue absuelto.
El autor concluye que el software libre en determinadas funciones es un medio que tiene el usuario para defender sus derechos, ya que se le acusó de un delito que no había cometido por un software (que era propietario, la empresa no quería liberar el código y dárselo a la defensa, con lo que no podían preparar una defensa adecuado) que no estaba sujeto a revisiones exhaustivas.
Aunque si el código del alcoholímetro estuviese abierto se hubiera evitado este problema (o al menos el ciudadano podría haber preparado su defensa), ¿Creeís que con las medidas adecuadas se podrían haber garantizado los derechos del ciudadano siendo el software propietario?
Por último, ¿qué ventajas tiene el software libre, y cuáles el software propietario en la administración pública?
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